Columna / Reconocimiento Territorial

Reconocimiento territorial de Chile y pretensión argentina en el Mar Austral

Pocos chilenos han reparado en que el territorio chileno es tricontinental, pues se encuentra ubicado principalmente en América, pero también en Oceanía y la Antártica. Tampoco existe plena conciencia del vasto territorio marítimo que estos espacios proyectan, en dirección al Océano Pacífico, al Mar Austral y al Océano Antártico.

Es una inmensa área marítima donde Chile debe ejercer su jurisdicción, sus deberes, obligaciones e intereses marítimos, conforme a la legislación nacional y al Derecho Internacional del Mar. Configura, por tanto, una realidad geopolítica y estratégica, con un innegable destino marítimo, reconocida por nuestros próceres desde los tiempos de la Independencia, incluyendo a Andrés Bello.

Cabe agregar que, hoy, nuestra seguridad y defensa ya no se vincula al alcance de esa bala de cañón, que originara la creación del mar territorial, con su extensión original de tres millas náuticas, que luego se extendiera a doce, con fines de resguardo de la pesca y explotación minera del suelo y subsuelo marinos.

Es así como Chile ha tenido una relevante influencia y participación en el desarrollo de conceptos pioneros del Derecho del Mar. La temprana difusión del concepto de las 200 millas marinas, en 1947, que diera lugar a la primera zona marítima de tal naturaleza en el mundo, influiría en el reconocimiento de la zona económica exclusiva, en el marco de la CONVEMAR, de 1982.

Del mismo modo, en las décadas de 1940 y 1950 se inició la ocupación de la Antártica, mediante bases permanentes, consolidando nuestros títulos jurídicos, donde los presidentes Aguirre Cerda y Gonzalez Videla tuvieron una visión extraordinaria. Igual visión internacional tuvo el presidente Balmaceda en la incorporación de la Isla de Pascua o Rapa Nui, en 1888, permitiendo una proyección geopolítica clave hacia la cuenca del Pacífico.

Hoy necesitamos, como ayer, dominar el océano pero no solo para ejercer las  libertades básicas de navegación y comercio. Además, para ejercer las libertades de vuelo, de construir islas artificiales, de investigación científica, de ejercicios navales, de tender cables y tuberías submarinos, de explotar recursos naturales y, sobre todo, para contribuir a la mantención, preservación y orden del medioambiente marino. De esto depende nuestra propia subsistencia, pues los fenómenos de la contaminación ambiental y el cambio climático deben enfrentarse también desde los océanos.

Para conquistar el mar de esa manera funcional y entre otras acciones, Chile ha desarrollado parques marinos, contribuye a la salvaguarda de la vida humana en el mar, fiscaliza la comisión de delitos por la vía marítima y construye un rompehielos antártico de avanzada tecnología por primera vez en su historia. Todo ello, demanda un reconocimiento jurídico del más alto nivel, que conecte nuestra vocación y definición tricontinental con la conciencia del interés nacional.

Frente a la extensión de la plataforma continental argentina en el Mar Austral y Antártica, la soberanía chilena sobre su territorio nacional -continental, insular y marítimo, incluyendo su zona económica exclusiva y su plataforma continental, con sus características esenciales de indivisibilidad e inalienabilidad-, constituye una de las bases de nuestra institucionalidad histórica. Es algo que el nuevo texto constitucional debería recoger y reconocer.

Por Francisco Orrego B., abogado y columnista

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