Columna / Más orden público y seguridad ciudadana

Nueva Constitución: Más orden público y seguridad ciudadana

Los chilenos estamos preocupados por los niveles de violencia, agresividad e intensidad que están experimentando las víctimas de la “violencia rural” en la macrozona sur del país  y de los “portonazos” y “encerronas” en zonas urbanas, los que sumados a los actos de violencia y destrucción que sufrieron cientos de comerciantes a partir del 18 de octubre de 2019, hacen que el orden público y la seguridad ciudadana sigan ocupando un lugar prioritario entre las preocupaciones de las personas. La percepción de que la seguridad ciudadana se está deteriorando ya se transformó en realidad, ya que muchas personas sienten miedo e inseguridad en sus casas y en los espacios públicos.

Un primer ejercicio útil, propio de una democracia madura, consistiría en hacer una revisión del grado de cumplimiento del programa de gobierno de la actual administración en materia de seguridad ciudadana. Este programa contemplaba muchos e interesantes objetivos, destacándose aquellos destinados a modernizar administrativa y operativamente a las policías; a fortalecer la acción del Estado en la prevención del delito; a combatir el narcotráfico y al crimen organizado; a destinar inteligencia al servicio de la seguridad pública; a implementar una política contra el terrorismo interno y reformas de la ley antiterrorista; y a elaborar una política nacional contra el control de fronteras.

Sería interesante que algún organismo o entidad independiente, con el concurso del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, hiciera una evaluación seria del grado de avance de esta agenda y luego informara a los chilenos, en una medida de transparencia y rendición de cuentas que agradeceríamos. Me temo que el gobierno no aprobaría el examen y que su legado en este ámbito, al final de su mandato, será modesto.

Me atrevería, igualmente, a aventurar a que los avances han sido escasos, lentos y pocos sustantivos. Bajo la actual administración se han constituido diversas instancias transversales y multisectoriales para abordar, entre otros, un Acuerdo Nacional para la Seguirdad Pública y la modernización de las policías, incluyendo tres comisiones de trabajo. A ello, sumanos varios informes de entidades especializadas. Se podría decir, con algo de frustración, que nos hemos llenado de diagnósticos y propuestas, pero de lento avance en su implementación, según se desprende de un reciente informe de Libertad y Desarrollo (29/12/20).

Parte importante del escaso avance, en el caso de aquellas que requieren tramitación legislativa, es atribuible al ánimo y actuación obstruccionista de la actual oposición, que ha preferido privilegiar las criticas al gobierno por el manejo del orden público, que apoyar iniciativas que vayan en beneficio directo de las personas. Aún así, ello no exime al Ejecutivo de  responsabilidad por el lento progreso de la agenda legislativa. La clase política, en su conjunto, está en deuda con los chilenos en materia de orden público y seguridad ciudadana.

Me detengo brevemente en dos asuntos que merecen nuestra atención. Primero, el proyecto para indultar a personas privadas de libertad o condenadas por delitos contra el orden público ocurridos en el marco del 18 de octubre, presentado por un grupo de senadores de oposición. No solo es un mal proyecto, que atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el estado de derecho, sino que además demuestra el escaso compromiso de estos parlamentarios con el orden público y la convivencia nacional. A través de este proyecto, se justifica la violencia como método de acción política y la impunidad como respuesta colectiva a la violencia.

El otro asunto es el proyecto del Ejecutivo para crear el Ministerio de Seguridad Pública, que no estaba en su programa de gobierno. Su sola presentación me genera sentimientos encontrados. No solo me confirma un reconocimiento institucional de que perdimos la lucha contra la delincuencia, sino que también me produce una sensación de indignación. Pensar que la creación de un nuevo ministerio revertirá esa sensación de derrota es de una enorme ingenuidad. ¿Por qué no asignarle al actual Ministerio del Interior y Seguridad Publica todas las funciones y recursos que se destinarían al nuevo ministerio? Aumentar la burocracia no resolverá los problemas de delincuencia. Ya sabemos que terminará como el feudo de algún partido político.

Los chilenos tenemos el derecho a vivir con mayor paz, orden y seguridad. Aunque la nueva Constitución no va a resolver -en forma automática- los problemas de delincuencia, inseguridad y desorden público que sufren los chilenos, al menos la Convencion Constitucional será la instancia para debatir y acordar la institucionalidad adecuada para garantizar ese derecho. Para ello, algunas propuestas que se deberán considerar consisten en robustecer el control del orden público, revisando el rol de las policías, tribunales y fiscales, limitar el otorgamiento de indultos generales a los delincuentes, revisar la autonomía del Ministerio Público, sometiendo al Fiscal Nacional y regionales al control de sus actos, y otorgar más atribuciones a las policías en el control del orden público.

 

 

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