Columna / La buena fe constitucional y el Tribunal Constitucional

La buena fe es uno de los principios generales del Derecho más relevantes y su aplicación en todos los ámbitos jurídicos, públicos y privados, es incuestionable. Este principio está reconocido expresamente en el derecho privado (art. 1546 Código Civil) y en el derecho internacional de los tratados (“pacta sunt servanda”), pero, a diferencia de otros ordenamientos constitucionales, en el caso del derecho público chileno no existe tal consagración. La ausencia de norma constitucional expresa, sin embargo, no ha sido impedimento para que la Controlaría General de la República haya reconocido, por la vía interpretativa, la aplicación de la buena fe en el derecho administrativo, bajo el principio de la “confianza legítima”.

Desde la perspectiva constitucional, las autoridades públicas tienen la obligación de actuar conforme a los dictados del principio de la buena fe, esto es, con integridad, transparencia y lealtad. Este deber se traduce, entre otros, en dictar y ejecutar actos jurídicos lícitos, en el cumplimiento fiel de obligaciones y en el ejercicio regular de sus potestades y atribuciones. Frente al supuesto vacío normativo, y tal como ha declarado el Tribunal Constitucional, es necesario recordar que la Carta Fundamental reconoce ciertos valores y principios que no configuran simples declaraciones programáticas, sino que constituyen mandatos expresos para gobernantes y gobernados, dada la fuerza obligatoria de los preceptos constitucionales. Entre estos principios, encontramos los de legalidad, juridicidad y seguridad jurídica, que establecen, con alcance general, el mandato de supremacía constitucional, en virtud del cual todo integrante de un órgano público, sin excepción, está obligado a respetar la Constitución (Arts. 6 y 7).

En este contexto, resulta cuestionable que los integrantes del Congreso Nacional, en cuanto autoridades públicas, infrinjan el principio de buena fe que debe guiar su actuación legislativa, de manera incompatible con el Estado de Derecho. En el último año, hemos sido testigos de una serie de actos que atentan en contra este principio básico: proyectos de ley inconstitucionales; acusaciones constitucionales a las principales autoridades políticas del país; y arrogarse facultades para legislar en materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, a través de resquicios o mecanismos de elusión constitucional. Y como si esto no fuera suficiente, se busca poner término anticipado al mandato del Presidente, a través de un acto legislativo de cuestionable constitucionalidad. Un elemento común a todos estas actuaciones parlamentarias es el ejercicio abusivo y de mala fe de sus atribuciones.

Para hacer frente a este cuadro de anarquía constitucional, el Ejecutivo ha ejercido su legítimo derecho para llevar al Tribunal Constitucional (TC) aquellos proyectos de ley o de reforma constitucional sobre los cuales existe una controversia con el Congreso Nacional. Quienes se oponen a esta iniciativa gubernamental, acusan a la Presidencia de estar usando al TC como una instancia para resolver una contienda política entre ambos poderes. Sin embargo, esta apreciación resulta infundada, por una simple razón: la controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo es eminentemente jurídica. Se trata, pues, de dilucidar el ámbito de competencia entre ambos y de verificar si alguno de ellos se ha excedido en su ejercicio, infringiendo la Constitución.

Al recurrir al TC, el Presidente no solo cumple con su deber de defender la Constitución, sino que además lo hace ante la instancia especialmente creada para ello. Desde su creación en 1970, el TC ha cumplido un rol moderador de los conflictos que inevitablemente surgen de la aplicación o interpretación de la Constitución entre los poderes del Estado. Pero, además, satisface el propósito original que se tuvo a la vista al crearlo, como nos recuerda el ex Presidente Eduardo Frei M., pues su objetivo era “resolver los conflictos de carácter jurídico que surjan entre el Ejecutivo y el Congreso, a propósito de la dictación de las leyes, cuando existan dudas respecto a la constitucionalidad de preceptos contenidos en los proyectos de leyes que se encuentran en tramitación parlamentaria”, agregando que ello permitiría “poner término, conforme a derecho, a ese tipo de diferencias, evitando de este modo que se creen conflictos que puedan amagar el normal desenvolvimiento de nuestro régimen democrático” (1970).

El poder Legislativo y sus integrantes se encuentran obligados a cumplir y respetar de buena fe la Constitución, mientras que el Ejecutivo tiene el derecho de poner un freno al abuso legislativo reiterado del Congreso, sometiendo las diferencias ante el TC como instancia de solución de controversias especialmente prevista para ello.

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