Columna / ¿Cláusula de salida institucional?

En el ámbito privado es usual que las relaciones estratégicas o comerciales de largo plazo contemplen, en sus documentos habilitantes, normas especiales para resolver aquellos conflictos que son de difícil solución o bien cuando la relación llega a un punto muerto.  Son las comúnmente llamadas cláusulas de salida. Estas normas de salida, que parecen tan obvias en el mundo privado, han hecho falta en el conflicto político-institucional que vive el país desde el 18/O.

Pocos recordarán que el texto original de la Constitución de 1980 contemplaba una cláusula de salida: la facultad del Presidente de la República para disolver anticipadamente la Cámara de Diputados por una sola vez durante su período presidencial, pero ella fue eliminada con la reforma del año 1989. Vista con la perspectiva del tiempo, esa norma podría haber sido la cláusula de salida del actual entuerto político-institucional. Considerando el ejercicio irresponsable de muchos diputados, particularmente de la oposición, que han puesto por delante sus intereses mezquinos y han abusado de sus atribuciones, sea a través de proyectos abiertamente inconstitucionales o de acusaciones constitucionales imprudentes o mediante la obstrucción de proyectos relevantes para los chilenos, una solución a la crisis podría haber consistido en disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones parlamentarias. Pero esa norma ya no existe. La eliminamos.

Más recientemente distintas voces del mundo político plantean -ingenuamente- que de haber existido un régimen semipresidencial la crisis se podría haber evitado. Algunos otros -embobados con la idea- intentan convencernos que la salida a la crisis es un viraje hacia dicho sistema de gobierno, en desmedro del presidencial. Pretenden llevar a la nueva Constitución aquellas conductas que han venido realizando de facto para aumentar el poder de los parlamentarios en desmedro de los ciudadanos. Si bajo un sistema presidencial -debilitado por cierto- los parlamentarios tienen en jaque a nuestro sistema político, no es difícil imaginar hasta donde nos pueden llevar bajo un régimen semipresidencial. La chacota legislativa sería cosa de todos los días y el país sufriría una permanente inestabilidad.

La respuesta a la crisis política-institucional es fortalecer y perfeccionar el sistema presidencial, -con los debidos pesos y contrapesos propios de toda democracia- y ello no necesita una nueva Constitución. Bastaría una reforma. Tampoco pasa por aumentar el poder de los parlamentarios, quienes hasta ahora solo han demostrado inmadurez e irresponsabilidad. Aunque no sacamos nada con lamentar que se haya derogado el ’89 la facultad para disolver anticipadamente el Congreso, si estamos a tiempo de evitar cometer otro error histórico: caer en la tentación de hacer experimentos imprudentes pensando que son una solución mágica, incorporando sistemas de gobierno que no se condicen con nuestra tradición constitucional e idiosincrasia cultural.

Francisco Orrego B.

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