Columna / ¡Aún hay patria, ciudadanos!

Como era de suponer, el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que acoge el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo, respecto de la reforma constitucional que permite un segundo retiro de fondos previsionales, no dejó a nadie indiferente. Sin duda, se trata de uno de los fallos más relevantes en la historia de este tribunal, pronunciado en un contexto de exacerbado “parlamentarismo de facto”. Y como en toda contienda jurídica, existen los malos perdedores. Y en este caso, la oposición no ha sido la excepción.

Aún cuando no se conoce el texto oficial de la sentencia, ya es posible advertir algunas consecuencias a partir de su divulgación. La primera de ellas -y que parece obvia- es que ha triunfado el Estado de Derecho y la importancia de respetar las reglas del juego democrático establecidas en la Constitución. ¡Aún hay patria, ciudadanos! Las prácticas legislativas abusivas -ahora derechamente inconstitucionales a partir del fallo- que estaban desarrollando los parlamentarios, apuntaban a causar un complejo cuadro de inestabilidad institucional, que ponía en entredicho la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país. A través de la utilización de figuras abiertamente inconstitucionales, los parlamentarios transgredieron una serie de instituciones fundamentales, tales como el abuso de las reformas constitucionales, la violación de la iniciativa exclusiva presidencial en materia seguridad social, además del quórum para aprobar tales materias.

Aunque la reacción del Ejecutivo en esta materia fue tardía y vacilante, su decisión de recurrir al TC en contra del proyecto del segundo retiro, aparece como acertada. En especial, por su alcance. Literalmente, con este disparo se mataron varios pájaros. Considerando que saltarse las reglas del juego se estaba transformando en una práctica parlamentaria recurrente, el fallo viene a ponerle coto al mecanismo de fraude constitucional ideado por el Frente Amplio y el PC, y de paso, derribar cualquier atisbo de avance de otros 10 proyectos igualmente inconstitucionales, como son el impuesto al patrimonio, la prorroga del pago de patentes y otros retiros previsionales, entre otros.

Junto con ponerle límites a la irresponsable chacota legislativa, el fallo viene a reafirmar la importancia que tiene el TC en el resguardo de la supremacía constitucional. A partir de su creación en 1970, el TC ha sido fundamental para preservar que los poderes colegisladores respeten sus respectivos ámbitos de competencia, para contener las infracciones al texto constitucional y para resolver las contiendas jurídicas que surgen. De ahí, que las funciones de controlar la constitucionalidad de los proyectos de ley o de reforma constitucional, deberán ser preservados en una nueva constitución.

Del mismo modo, el trabajo constituyente debería considerar seriamente la incorporación de resguardos adicionales a la supremacía constitucional. Menciono algunos que no pueden faltar. Primero, incorporar expresamente la buena fe constitucional, como principio rector y orientador del ejercicio de toda función publica, incluyendo la legislativa. Segundo, parece del todo justificado reincorporar al texto constitucional, aquella facultad que permitía remover a los parlamentarios que patrocinaran proyectos o menciones inconstitucionales o inadmisibles, tal como lo reconocía el texto original de la Constitución de 1980.

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